Moreno Bonilla permanece apagado y fuera de cobertura mientras las familias de Écija siguen esperando una solución que nunca llega
Por Fidel Romero, responsable institucional del PCA provincial
Hay silencios que retratan a un gobierno mejor que mil discursos. Y el silencio de Juan Manuel Moreno Bonilla ante las 91 familias de La Alcarrachela, en Écija, es uno de ellos.
Un silencio que ya dura demasiado. Un silencio que duele. Un silencio que, mientras tanto, deja a personas vulnerables al borde del abismo.
UNA HISTORIA DE DESPOJO
Estas 91 viviendas no nacieron para especular. Nacieron en el año 2000, promovidas sobre suelo municipal por el Ayuntamiento de Écija y SEDESA, adjudicadas en alquiler social a familias con necesidades habitacionales. Su calificación definitiva data del 3 de octubre de 2000. Eran viviendas de protección oficial. Eran hogares. Eran la única oportunidad de un techo digno para muchas personas que jamás habrían podido acceder a una vivienda en el mercado libre.
Pero en 2013, con la liquidación de las empresas municipales, todo cambió. Las viviendas fueron incluidas como activos en el procedimiento concursal. Tras una primera subasta desierta, fueron adjudicadas a un fondo privado —Desarrollos Urbanísticos Ría del Rompido— por aproximadamente 1,14 millones de euros. Es decir, 12.637 euros por vivienda. Una miseria. Un precio que sonroja. Un precio que evidencia que lo que estaba en juego no era el valor de mercado, sino el destino de 91 familias.
LA PELOTA QUE NADIE QUIERE JUGAR
Desde entonces, la historia es la de un partido de tenis entre administraciones que se devuelven la pelota mientras las familias esperan en la grada.
En 2019, la Junta de Andalucía afirmó que intervendría en la venta. En 2021, el Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad una moción —impulsada por Izquierda Unida y Podemos— solicitando a la Junta que ejerciera el derecho de retracto. Todos los grupos municipales apoyaron la reivindicación vecinal. Pero el 8 de julio de 2021, la consejera Marifra ha sido calrán Carazo anunció que la Junta no ejercería el derecho de retracto.
Y aquí está la clave jurídica que no puede obviarse: el Reglamento de Viviendas Protegidas de Andalucía contempla expresamente derechos de tanteo y retracto para las segundas o posteriores transmisiones de viviendas protegidas durante el período legal de protección. El régimen de protección de estas viviendas se mantiene hasta marzo de 2030. Por tanto, mientras exista protección, existen obligaciones. Existen controles. Existe la posibilidad —y el deber— de intervenir.
La Junta tenía la herramienta. La Junta tenía el deber. La Junta decidió no usarla.
EL NUEVO CAPÍTULO DEL EXPOLIO
Ahora, un nuevo propietario —que ha adquirido la mayoría de las acciones del fondo anterior— ha convocado a los vecinos. Les ha ofrecido tres opciones:
• Comprar su vivienda por más de 80.000 euros.
• Mantener alquileres por encima de los 400 o 500 euros.
• Aceptar un incentivo de 6.000 o 7.000 euros para marcharse de sus casas.
Para la mayoría de estas familias, ninguna de las tres opciones es viable. Porque estamos hablando de personas vulnerables, muchas de ellas mujeres que viven con dos pensiones pequeñas, que actualmente pagan alquileres de entre 80 y 100 euros mensuales. Ese alquiler es lo único que les permite llegar a fin de mes. Esa vivienda es lo único que les separa de la calle.
LAS VOCES QUE NO SE ESCUCHAN
En la reunión que hemos mantenido hoy en el Parlamento de Andalucía con Ernesto Alba, responsable de Por Andalucía en materia de Vivienda, los vecinos —representados por Carmen Ruiz y Valle Miranda— junto a Salvador Bustamante (coordinador de IU Écija), María Izquierdo (responsable de Política Institucional de IU) y yo mismo, hemos puesto de manifiesto una realidad incuestionable:
La Junta de Andalucía debe cumplir con su derecho de tanteo y retracto. Debe intervenir. Debe estar al lado de las personas y no de los fondos especulativos.
La respuesta de Ernesto Alba ha sido calificada como "magnífica" por los asistentes. Se ha comprometido a actuaciones en el propio Parlamento, que comenzarán en las próximas sesiones y comisiones. Es un paso. Un paso necesario. Pero no suficiente.
Porque mientras tanto, Moreno Bonilla sigue apagado y fuera de cobertura. Hace más de un año, en septiembre de 2025, prometió recibir a los vecinos y atender su problemática. Estamos a finales de 2026 y esa reunión sigue sin producirse. Se ha registrado una petición formal. Se ha reivindicado en el Parlamento. Pero el presidente de la Junta no aparece.
LA VIVIENDA ES UN DERECHO, NO UN NEGOCIO
La Constitución Española reconoce en su artículo 47 el derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. La Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía establece que forma parte del contenido de la propiedad el deber de destinar efectivamente el inmueble al uso habitacional y mantenerlo, conservarlo y
rehabilitarlo.
Estas 91 viviendas fueron protegidas. Fueron sociales. Fueron públicas. Y hoy están siendo convertidas en un activo especulativo. Sus propietarios —fondos buitre, empresas oportunistas— las compran, las revenden y las hipotecan mientras las casas se deterioran, mientras las familias sufren un abandono terrible, mientras la incertidumbre se convierte en angustia.
No podemos permitirlo.
LO QUE EXIGIMOS
Desde estas líneas, hacemos un llamamiento urgente a todas las administraciones:
A la Junta de Andalucía: Que cumpla con su obligación legal. Que ejerza el derecho de tanteo y retracto mientras el régimen de protección siga vigente. Que solicite un informe jurídico actualizado, vivienda por vivienda, transmisión por transmisión.
Que inspeccione el estado de los edificios. Que sancione el abandono. Que no mire hacia otro lado.
Al Ayuntamiento de Écija: Que active todos los mecanismos a su alcance. Que solicite información sobre las transmisiones.
Que exija el cumplimiento de las obligaciones de conservación. Que estudie fórmulas de adquisición pública. Que cree una comisión de seguimiento con representación vecinal.
Al Gobierno de España: Que colabore con la Junta y el Ayuntamiento. Que estudie instrumentos de financiación estatal para incorporar estas viviendas al parque público. Que garantice que las familias vulnerables no pierdan sus hogares.
A Moreno Bonilla: Que salga de su silencio. Que atienda a los vecinos. Que cumpla su palabra. Que deje de estar apagado y fuera de cobertura cuando se trata de defender a los más débiles.
2030 NO PUEDE SER LA FECHA DEL DESAHUCIO
El régimen de protección de estas viviendas finaliza en marzo de 2030. No podemos esperar a esa fecha para actuar. No podemos permitir que las familias lleguen a ese horizonte sin una solución. 2030 debe ser el límite temporal para que las viviendas hayan recuperado su función social. No el punto de partida de una nueva tragedia.
CONCLUSIÓN: DIGNIDAD FRENTE A ESPECULACIÓN
La historia de las 91 viviendas de La Alcarrachela no es solo una historia de papeleo, subastas y recursos judiciales. Es la historia de 91 familias que un día creyeron que tenían un hogar. Es la historia de mujeres que hoy viven con dos pensiones pequeñas y el miedo constante a ser expulsadas. Es la historia de una sociedad que decide si protege a los suyos o los abandona a la voracidad de los fondos de inversión.
La vivienda no es un lujo. No es una mercancía. No es un activo financiero. Es un derecho.
Y mientras haya una sola familia en La Alcarrachela que no pueda pagar 80.000 euros por su casa, que no pueda asumir un alquiler de 500 euros, que no quiera marcharse por 7.000 euros... mientras exista esa familia, existirá una obligación moral y legal de los poderes públicos de intervenir.
No vamos a dejar tiradas a 91 familias. No vamos a permitir que la especulación se imponga a la dignidad. No vamos a aceptar que Moreno Bonilla siga apagado y fuera de cobertura.
La Junta tiene la ley. Tiene la competencia. Tiene el deber. Solo le falta la voluntad política.
Que la tenga. Porque 91 familias no pueden esperar más.
Este artículo está dedicado a las 91 familias de La Alcarrachela. Y, de manera muy especial, a CARMEN RUIZ y VALLE MIRANDA, mujeres que, con dos pensiones pequeñas y el corazón en un puño, siguen luchando cada día por un derecho que debería estar garantizado: el derecho a un hogar digno.
A ellas y a las 91 familias que están sufriendo, nuestro apoyo, nuestra voz y nuestra reivindicación. No están solas.
