Los Ayuntamientos como rompeolas de la crisis

20 de Abril de 2020

    Los ayuntamientos son las instituciones a las que la ciudadanía, en la mayor parte de los casos, se dirige en primera instancia ante cualquier tipo de incidencia que afecte a sus vidas, pero en la institución municipal no hay respuestas para todo, por un lado debido a la limitación de sus competencias, y por otro, por lo escaso de sus recursos económicos, materiales y personales. A pesar de todo ello, son siempre una puerta abierta a la esperanza, porque casi siempre, tanto las personas empleadas en los mismos, como las personas que tienen la responsabilidad política de dirigirlos, se desviven por intentar dar soluciones, ya que la perspectiva municipal parte de la cercanía a las realidades que afectan a personas y colectivos sociales en sus diferentes momentos.


    Sin embargo, a pesar de lo que os cuento en esta introducción, la realidad es que los ayuntamientos son, probablemente, la Administración peor tratada por un sistema jerarquizado, donde las principales decisiones se toman muy lejos de las realidades sociales a las que intentan dar respuesta. Así, cuando con la crisis económica de 2008 comenzó la política del “austericidio” señalada por la Unión Europea, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial… la institución municipal se vería afectada de forma muy severa, y por ende, las personas que dependían de la misma. La reforma constitucional, realizada con nocturnidad y alevosía en 2011 por PP-PSOE bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero y con las oportunas directrices de la Unión Europea, suponía la ruptura definitiva del consenso constitucional de 1978, y ponía por encima de los servicios públicos, derechos sociales… el control del déficit y la estabilidad presupuestaria, socavando la autonomía de las administraciones autonómicas y locales, que se veían sometidas a unas rígidas reglas que se irían desarrollando normativamente a posteriori desde Madrid, muy lejos de las calles y plazas de nuestro pueblos. 


    De esta manera, de la mano del Gobierno del PP de Mariano Rajoy, llegaba en primer lugar la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) que imponía las reglas fiscales que atenazan aún hoy el desarrollo de las administraciones y con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) en 2013, materializaría en nuestros ayuntamientos y diputaciones, la intervención “de facto” de la supuestamente constitucional,  “autonomía local” (Art.140 C.E.). 


    Así las cosas, y con telón de fondo la crisis provocada por la actual pandemia del Covid19, cuyos peores efectos probablemente sean los que estén por venir en el ámbito socioeconómico, volvemos a lo que hemos repetido hasta la saciedad desde el ámbito de la política local: hay que terminar con la intervención de la autonomía local y permitir que los ayuntamientos puedan hacer políticas para la mayoría social, y más aún en tiempos de crisis. Los ayuntamientos fueron congelados en el ámbito presupuestario, acumulando en muchos casos superávits en cuentas bancarias que no se podían tocar (quizás esta fue una de las formas de recapitalizar la Banca); adelgazando sobremanera sus estructuras de personal llevando a privatizaciones de sectores importantes de su actividad, para ponerlos en manos de las antiguas grandes constructoras (política en beneficio de la oligarquía), lo que empeora los propios servicios y sin lugar a dudas, la calidad del empleo y los salarios; con unas reglas fiscales que dejaban la foto fija en 2013, como si la Administración Local no tuviera nuevos retos a los que enfrentarse en su día a día. 


    Y es en estas condiciones, en las que los ayuntamientos se enfrentan a esta primera fase de la actual crisis, con unos medios muy limitados, con tantas restricciones que apenas pueden dar respuesta a las necesidades de la población, supliendo las carencias de las propias empresas privadas que prestan servicios municipales, dotando de materiales de protección a sus trabajadores… e intentando dar soluciones reales a las necesidades más elementales de la población que está bajo su amparo. Mientras tanto, otras administraciones anuncian a bombo y platillo una lluvia de millones que no llega, o que en ocasiones simplemente son anuncios de planes que entrarían en vigor de forma independiente a la crisis sanitaria, como son planes de empleo, actuaciones en infraestructuras… o que pasan a engrosar los presupuestos de instituciones intermediarias, como las diputaciones provinciales, cuya pesada y lenta burocracia ralentiza aún más la llegada de esos recursos a la población, y siempre bajo un prisma centralizado, lo que en ocasiones hace que no se respondan a las necesidades reales de los ayuntamientos que sufren esta situación, de manera muy especial los menores de 20.000 habitantes. 


    Ahora más que nunca, es imprescindible reivindicar la autonomía de nuestros ayuntamientos, porque cuando se produzca el fin de la crisis sanitaria tendremos que hacer frente a una crisis que puede ser aún más dura y que se llevará tantas ilusiones, sueños, deseos y esperanzas por delante como el Covid19.  Los ayuntamientos tienen que tener los recursos necesarios para poder impulsar políticas que sirvan para paliar los efectos sociales y económicos, a la vez que ser la chispa que active la recuperación económica desde abajo, desde nuestros pueblos y ciudades, con la vista puesta más en las economías familiares, que en la cuenta de resultados de las empresas del IBEX’35. Cuando a finales de los 70 se diseñaba el “Estado Constitucional” se veía la importancia de la descentralización, de un reparto equilibrado del dinero público entre los diferentes escalones de la Administración, las autonomías casi han llegado, los ayuntamientos están muy lejos de alcanzar ese objetivo. Hay que recuperar la imprescindible autonomía local, para que cada ayuntamiento atienda sus necesidades en función de la propia idiosincrasia de su población. 


    Podemos enfrentar este desgraciado momento histórico como una oportunidad para que se convierta en un punto de inflexión en lo que se refiere a la Administración Local, desde finales de los 70 llevamos pidiendo más autonomía municipal, más recursos, más democracia… y es el momento de romper las cadenas que atenazan a nuestros ayuntamientos, para convertirlos en una parte de la solución para construir un modelo social que responda a las necesidades reales de la población, y que no sigan siendo parte del problema. 


Recordando mi paso por la Alpujarra como profesor y también concejal de un pequeño municipio, siempre me impactó la historia de aquella “escuelita” de Ohanes, en la que año tras año el maestro denunciaba la situación del edificio, mientras que las administraciones miraban a otro lado, hasta que un fatídico día de finales del siglo XVIII la escuela se hundió, poniendo fin a las vidas del maestro y las de una importante parte de sus alumnos. Entonces, ya fue demasiado tarde, nosotros/as aún estamos a tiempo.


Un artículo presentado en El Independiente de Granada el 25 de abril 2020 ENLACE DEL ARTÍCULO

Historia de la Escuela de Ohanes. enlace historia

Categorías: Institucional

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