El PCA es contrario al proceso administrativo para el derribo del asentamiento conocido como Walili por parte de la administración socialista de Níjar, presidida por la alcaldesa del PSOE Esperanza Pérez Felices.

En Walili viven actualmente casi 500 personas, en infraviviendas, que trabajan en los invernaderos de la zona. Ahora se enfrentan a un proceso de traslado forzoso, lleno de incertidumbre, a albergues temporales improvisados y potenciales viviendas aún en construcción, en los que además se exigen unas condiciones legales que bien sabe el Consistorio son inasumibles para una parte de estos trabajadores, de origen extranjero.

Por tanto, consideramos que la orden de derribo de las viviendas se ha planteado como una mera operación cosmética, con objeto de esconder la penosa situación de estos trabajadores, algunos en situación irregular, con la excusa de una mejora de sus condiciones materiales.

El PCA exige las siguientes medidas: una garantía de reubicación de estas personas a viviendas dignas, con acceso sencillo a sus puestos de trabajo, así como un proceso de regularización de su situación legal, puesto que es evidente que se trata de trabajadores que ya contribuyen a la economía local.

Asimismo, el PCA se opone a que estas personas, ya suficientemente damnificadas y en una situación muy delicada, tengan que verse involucradas en protestas y convocatorias contra las decisiones de desalojo tomadas por la administración. Las organizaciones involucradas (sindicatos, plataformas…) debemos evitar su exposición a las fuerzas de seguridad dado el riesgo que corren debido a su vulnerabilidad manifiesta en el plano legal.

El PCA considera que estos incidentes en Níjar no son aislados, y que lamentablemente se corresponden con una situación generalizada en la provincia de Almería. Por tanto, trabajará para dar visibilidad a esta explotación y contribuirá a soluciones, siempre de acuerdo con los intereses del trabajador, ya sea migrante o no.